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El Gobierno blinda el 21-D frente a bulos y ciberataques

Varios ministerios supervisan el sistema de recuento provisional de votos

El presidente del Gobierno español, Mariano Rajoy, antes de la entrega del premio Princesa de Asturias de la Concordia.Foto: atlas | Vídeo: RICCARDO PAREGGIANI EFE | ATLAS
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Spain working to prevent cyberattacks and fake news during Catalan election

El resultado de las elecciones del 21-D no se puede manipular. El sistema electoral español se basa en el recuento manual de las papeletas, en presencia de interventores y miembros de las mesas. En caso de reclamación, el conteo se puede repetir. Otra cosa son los resultados provisionales que se difunden la noche de las elecciones. Una alteración de estos datos no cambiaría el resultado final, pero crearía confusión y dañaría la confianza en el sistema democrático. El Gobierno ha puesto en marcha un plan para evitar este caótico escenario.

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El objetivo de las campañas de desinformación “no es obtener un resultado concreto [en las elecciones], sino socavar la confianza en los resultados”, advertía este jueves el director del Centro de Comunicaciones Estratégicas de la OTAN, Janis Sarts.

El sistema electoral español no admite el fraude, pero la sensibilidad está a flor de piel y las redes sociales se han inundado de mensajes, procedentes de círculos independentistas, que sugieren la posibilidad de un pucherazo en las elecciones del día 21. La Asamblea Nacional Catalana (ANP) y la CUP han anunciado incluso que harán un recuento paralelo al oficial mediante una aplicación.

Fuentes gubernamentales admiten que PSOE y Ciudadanos, sus principales aliados en la activación del artículo 155 de la Constitución, le han urgido a desarrollar un plan para contrarrestar campañas de desprestigio contra la democracia española.

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El Gobierno ha puesto en marcha un grupo de trabajo para garantizar que nada altera la normalidad del proceso electoral. Lo integran representantes del Ministerio del Interior, la Secretaría de Estado de Administración Pública, el Centro Criptológico Nacional y la Secretaría de Estado de Comunicación, en colaboración con el Centro de Comunicaciones y Tecnologías de la Información (CCTI) y el Centro de Seguridad de la Información de Cataluña (Cesicat), ambos de la Generalitat. Entre sus funciones está supervisar el trabajo de Indra, la firma a la que se ha adjudicado el recuento provisional de votos.

La mayor preocupación se centra en el periodo que va desde el cierre de las urnas (a las ocho de la tarde del día 21) hasta la proclamación de los resultados (entre el tercer y el sexto día siguientes a la jornada electoral).

El equipo de trabajo ya ha evaluado los riesgos a los que se enfrenta el recuento provisional. Las principales amenazas son un ataque de denegación de servicio (DoS) a la web a través de la cual se irán difundiendo los resultados provisionales y la replicación de la misma. Tanto un apagón en la difusión del recuento como una proliferación de páginas falsas con datos erróneos causarían considerable inquietud en un país acostumbrado a contar con resultados fiables pocas horas después del cierre de las urnas.

Para evitar que un ciberataque tumbe la página oficial se han extremado las medidas de seguridad y para atajar intentos de falsificar la web oficial se ha puesto a punto un dispositivo que facilite una orden judicial de cierre de las webs fraudulentas con efectos inmediatos.

Con todo, la posibilidad de un ataque no puede descartarse. Los ciberactivistas de Anonymous han reactivado su campaña proindendentista y presumen de haberse inflitrado durante 20 días en las redes de Indra para demostrar su vulnerabilidad. La compañía admite el ciberataque, pero niega que este haya comprometido datos de sus clientes o que pueda afectar al recuento electoral del 21-D.

Otra cuestión diferente es cómo responder a las noticias falsas. La responsabilidad de detectar su aparición e intentar rebatirlas “con más celo” y rapidez de lo que lo ha hecho hasta ahora corresponde a la Secretaría de Estado de Comunicación.

El Gobierno ha consultado con países que han sufrido estas campañas en sus procesos electorales. España carece de una legislación que permita atajarlas y muchas de ellas tienen origen en el extranjero, lo que dificulta la tarea. Pero la “falta de credibilidad de los gobiernos”, reconocía ayer el experto de la OTAN, es su mayor vulnerabilidad.

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