El ‘caso Nóos’ en cifras

Urdangarin es condenado a seis años y tres meses de cárcel y multa de 512.000 euros; Diego Torres, a ocho años y seis meses de prisión, y multa de más de 1,7 millones; para Jaume Matas, tres años y ocho meses de cárcel y siete de inhabilitación por prevaricación y fraude. A la infanta Cristina, absuelta, se le impone una responsabilidad civil a título lucrativo con su marido de 265.088 euros.

Los acusados en el caso Nóos son 17 personas. Fueron 18, pero el asesor financiero Miguel Tejeiro fue absuelto el pasado febrero al retirarse el sindicato Manos Limpias de su acusación. Seis personas formaban parte del Instituto Nóos, cinco fueron cargos del Gobierno autonómico balear, otros cinco del valenciano y el último era un cargo de Madrid 2016.

Los peritos de la Agencia Tributaria que declararon ante el tribunal del caso Nóos el pasado junio cifraron el fraude fiscal cometido entre 2007 y 2008 por Iñaki Urdangarin en 326.000 euros. En los primeros informes se achacaba una defraudación mayor, que luego fue revisada a la baja.

Algo mayor fue la cantidad en que los peritos de la Agencia Tributaria cifraron el fraude fiscal cometido por el socio del marido de la infanta Cristina en el Instituto Nóos, Diego Torres: 380.000 euros.

Han sido las sesiones del juicio oral celebradas. Comenzaron hace más de un año, el 11 de enero de 2016. Más de 300 testigos fueron llamados a dar su versión del supuesto desvío de fondos públicos en estas sesiones.

Cerca de 4,5 millones de euros de beneficios se atribuyen a Iñaki Urdangarin y Diego Torres. Esta cantidad saldría de los 6,2 millones de euros que desembolsaron los Gobiernos autonómicos valenciano y balear y la candidatura olímpica de Madrid 2016. Una perito explicó en el juicio que no se repartieron de forma equitativa las ganancias, a pesar de haber firmado un acuerdo. Urdangarin ingresó el 42%.

El 22 de julio de 2010, el juez José Castro, instructor del caso Palma Arena, abrió una pieza separada dedicada a investigar anomalías detectadas en dos contratos a dedo del Gobierno balear (2,3 millones de euros) y al menos cuatro contratos por el mismo procedimiento del Gobierno valenciano y el Ayuntamiento de Valencia (3,7 millones) al instituto sin ánimo de lucro Nóos, presidido por el duque de Palma.