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El caso de La Manada empuja a los partidos a proponer reformas legales

Méndez de Vigo recalca que el Ejecutivo “está y estará con las víctimas“ y habrá recursos contra la sentencia de la Manada

Íñigo Méndez de Vigo, durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros.Vídeo: ULY MARTÍN QUALITY
Anabel Díez

La sentencia sobre el ataque de La Manada en julio de 2016 ha provocado que el Gobierno decida revisar el concepto de violencia que figura en el Código Penal para los casos de violación. También los partidos. Los agresores han sido condenados a nueve años de prisión por “abuso sexual” pero no por agresión al no reconocer el tribunal que hubiese ni violencia ni intimidación. El Gobierno va a realizar una valoración técnica para después proponer las reformas. En paralelo, la oposición ha forzado la convocatoria de la Comisión de Violencia de Género del Congreso. Gobierno y oposición pugnan en iniciativas tras la conmoción creada por la sentencia.

El Gobierno ha llegado en esta ocasión antes que la oposición pero esta se ha incorporado con ímpetu a demandar reformas en el Código Penal. La conmoción creada en la sociedad por la sentencia a los cinco condenados por abuso sexual de una joven en los sanfermines en Pamplona hace dos años, ha provocado que tanto el Ejecutivo como la oposición reaccionen de inmediato. La decisión de los jueces de no ver agresión sexual sino abuso ha sido cuestionada por todos los partidos, sin distinción de color.

El Código Penal de 1995 estima que para considerar que hay violación tiene que haber violencia o intimidación (una amenaza seria e inmediata a la víctima para que ceda a la pretensión de los agresores). No creen los jueces que la haya habido en este caso. No lo ven así el Gobierno ni la oposición. Los segundos lo han dicho con claridad y el Gobierno lo ha expresado implícitamente al pedir la revisión de la tipificación de esos delitos, según el ministro de Justicia, Rafael Catalá.

Este ha pedido a la Comisión General de Codificación, órgano superior colegiado de asesoramiento del Ministerio de Justicia, que estudie si la tipificación de los delitos contenidos en el Código Penal sobre agresiones sexuales es adecuada. Una vez que lo estudie el Ejecutivo decidirá si se “precisa una actualización”, según anunció el ministro portavoz de Gobierno, Íñigo Méndez de Vigo, que mencionó las modificaciones que se hicieron sobre esta materia en el Código Penal de 1995. “Han transcurrido 25 años desde la tipificación y por eso el ministro de Justicia ha pedido a la sección de lo penal de la comisión de Codificación que revise la tipificación que viene del Gobierno socialista”. Y añadió: “Veremos si hay que cambiar la ley”. No habrá acciones “precipitadas” sino que se actuará con “serenidad” pero el Gobierno quiere manifestar su sensibilidad “con la actitud social que hay en España sobre la violencia de género”.

Violación en grupo

El Gobierno argumenta, aunque no en público, que la ley tiene que adaptarse a los cambios sociales. Sin adelantar acontecimientos, fuentes gubernamentales dan por supuesto que tras el primer informe técnico se derivarán sugerencias de cambios legales para que no haya duda de que casos como el de La Manada tengan como respuesta judicial una condena por violación.

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El portavoz se refirió “a la deleznable agresión sexual sufrida por una joven”, cuando la sentencia no ha calificado los hechos de agresión sino de abuso. “No es una sentencia firme ya que la defensa de la víctima ha anunciado que presentará recurso a la misma y lo mismo va a hacer la Fiscalía”, recalcó el ministro de forma enfática. “El Gobierno siempre ha estado y va a estar con las víctimas y va a seguir luchando contra esta lacra de violencia contra las mujeres”, señaló Méndez de Vigo.

La revisión del Código Penal la propusieron también el PSOE y Podemos, sin ambages, y Ciudadanos mostró su disposición a la misma. En paralelo la oposición pidió y consiguió la convocatoria para el próximo jueves de la Comisión contra la Violencia de Género que se constituyó hace dos semanas y que tiene como tarea hacer el seguimiento y control del Pacto contra la Violencia de Género, que no se ha reunido nunca, informa Pilar Álvarez. Tras las grandes movilizaciones del 8 de marzo, los colectivos feministas reclamaron cambios inmediatos que aún no se han puesto en marcha.

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Sobre la firma

Anabel Díez
Es informadora política y parlamentaria en EL PAÍS desde hace tres décadas, con un paso previo en Radio El País. Es premio Carandell y Josefina Carabias a la cronista parlamentaria que otorgan el Senado y el Congreso, respectivamente. Es presidenta de Asociación de Periodistas Parlamentarios (APP).

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