Una comisión de la verdad sobre el franquismo

Después de una legislatura entera desterrada en el limbo, el Gobierno de Pedro Sánchez se ha propuesto reactivar la “ley 52/2007, de 26 de diciembre, por la que se reconocen y amplían derechos y se establecen medidas en favor de quienes padecieron persecución o violencia durante la Guerra Civil y la dictadura”, más conocida como Ley de Memoria Histórica. Con esta norma, el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero asumía la condena al franquismo que plasmó el informe de la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa firmado en París en 2006 en el que se denunciaban las graves violaciones de los derechos humanos cometidas en España entre 1936 y 1975.

La ley atendía las demandas de los muchos ciudadanos que aspiraban a conocer el paradero de sus familiares, en algunos casos enterrados en fosas comunes de cementerios, en cunetas o en parajes inhóspitos. “Cómo última prueba de respeto” hacia las víctimas, las Administraciones públicas se comprometían a poner los medios para localizar e identificar a los desaparecidos. Pero lo cierto es que ha transcurrido una década y el Estado no ha asumido el amparo a las víctimas, como ha denunciado el relator de Derechos Humanos de la ONU.

El Gobierno del PP no abolió la ley, pero realizó una ruin acrobacia política para desactivarla: redujo los fondos a cero euros, provocando la asfixia económica que ha hecho prácticamente imposible cumplirla. Solo la tenaz y voluntariosa acción de las asociaciones creadas para recuperar la memoria histórica, buscar la verdad, reparar los desgarros del franquismo y devolver la dignidad a las víctimas han permitido atender las solicitudes de familiares de represaliados y desaparecidos.

A esta tarea se sumará de nuevo el Gobierno, como acaba de anunciar la ministra de Justicia, Dolores Delgado, convencida de que hablar de memoria es hablar de justicia. El plan pasa por elaborar un censo oficial de víctimas de la Guerra Civil y de la dictadura, con la colaboración de arqueólogos, médicos forenses, juristas y asociaciones de víctimas. Como ha recordado la ministra, es inaceptable que España siga siendo el segundo país del mundo en desaparecidos, después de Camboya. Se calcula que aún hay más de 100.000 personas en el olvido.

España quiere también crear una comisión de la verdad. Como ha ocurrido en países de América Latina, la verdad debe ser completa, oficial, pública e imparcial. Es un deber moral hacia las víctimas y sus familiares y una parte necesaria de la reparación del daño ocasionado. Como estableció la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, toda sociedad tiene el irrenunciable derecho de conocer la verdad de lo ocurrido, así como las razones y circunstancias en las que aberrantes delitos llegaron a cometerse, a fin de evitar que esos hechos vuelvan a ocurrir en el futuro.

Con la reforma que se avecina, el Gobierno buscará la manera de ilegalizar a las asociaciones que hagan apología del franquismo, dará un nuevo significado al Valle de los Caídos y retirará toda la simbología que exalte la dictadura y al dictador. Tal vez así sea posible alcanzar la meta que marcó el escritor Primo Levi, superviviente del Holocausto: “Toda sociedad democrática necesita un acuerdo moral básico entre generaciones”.