Los acusados de corrupción del PNV buscan un pacto con la Fiscalía de Álava
El mayor macroproceso de corrupción del País Vasco se reanuda hoy con la declaración de Alfredo de Miguel, el principal de los 26 imputados
Es la hora de la verdad en el denominado "caso de Miguel". Siete meses después del inicio del mayor macro proceso por presunta corrupción que salpica al PNV, la vista oral entra hoy en su fase definitiva con la declaración de los ex altos cargos de ese partido, Alfredo de Miguel, quien fuera el número 2 del PNV de Álava y otros 25, a los que la Fiscalía pide, en total, 440 años de cárcel por cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Las defensas están negociando un acuerdo con el Ministerio Público para suavizar las eventuales condenas por el presunto cobro de comisiones ilegales de hasta el 4% en la adjudicación de contratos públicos.
Un acuerdo evitaría que la sentencia se hiciera pública en plena precampaña de las elecciones municipales y forales vascas previstas para mayo próximo. La vista oral está programada con sesiones hasta el 28 de noviembre, y si finalmente no hay pacto entre las partes, la sentencia, que muchos expertos coinciden en que sería condenatoria por el alto grado de evidencias logradas en el proceso de instrucción, interferiría en ese proceso electoral. Un escenario que el PNV prefiere evitar, pese a que el partido retiró el carné a los imputados para evitar un contagio mayor. Además, algunas de las instituciones afectadas como el Gobierno vasco y la Diputación Foral de Bizkaia reaccionaron y se personaron en la causa con reclamaciones económicas a los imputados, en concepto de responsabilidad civil, de 221.779 euros y medio millón de euros respectivamente.
El partido de Andoni Ortuzar pone distancia con ese caso al asegurar cada vez tiene ocasión que “no es un caso de financiación ilegal del partido, sino en todo caso de enriquecimiento ilegal” de algunos de sus miembros. Antes de la vertiente judicial, el Parlamento vasco investigó a la trama en marzo de 2012 y concluyó que existían responsabilidades políticas en el PNV por la vinculación de los imputados con la red de cobro de comisiones.
El caso comenzó cuando la abogada Ainhoa Alberdi, que actuaba como administradora de una empresa, denunció en 2009, con grabaciones de voz y correos electrónicos, que Alfredo de Miguel y Aitor Tellería, también ex PNV, le exigieron el pago de 100.000 euros por la adjudicación de un contrato. "A finales de 2008, me reuní con él (de Miguel) en su despacho de la Diputación (de Álava) y me pidió que pasase por caja", declaró en la vista Alberdi, administradora de la sociedad Urbanorma Consulting. Poco después le pidieron directamente los 100.000 euros. "No empecé a registrar estos encuentros para denunciarlos, sino por mi seguridad", dijo ante el tribunal.
La policía vasca adscrita como policía judicial empezó a tirar de hilo y poco a poco fue desentrañando una red que se extendía por una parte de la administración general y foral. Además de los ya citados, están imputados Gurutz Larrañaga, el que fuera viceconsejero de Cultura y Juventud del Gobierno vasco con Juan José Ibarretxe; el expresidente de la Red de Parques Tecnológicos del País Vasco Julián Sánchez Alegría, y la que fuera alcaldesa de Zambrana (Álava) por el PNV, María Justina Angulo, entre otros. En todos los casos, se solicitaban mordidas a cambio de contratos. El epicentro de esa red, según el relato del Ministerio Público, estaba en Kataia Consulting, una mercantil con domicilio social en una sociedad gastronómica en Vitoria que controlaba de Miguel y desde la que, supuestamente, se cobraban las mordidas.
La Fiscalía pide penas que suman 440 años de cárcel para los 26 procesados. Imputa a De Miguel un total de 27 delitos, entre ellos cohecho, asociación ilícita, blanqueo de capitales y tráfico de influencias. Para Telleria y Otxandiano, exmiembros de la Ejecutiva del PNV de Álava, solicita 32 años y dos meses para cada uno. También están encausadas las mujeres de estos tres dirigentes nacionalistas y la hermana del principal acusado. La defensa de Miguel, sin embargo, pide la absolución de su defendido. Defiende que la acusación del fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, es rocambolesca, "una fábula" y subraya que está "huérfana de prueba".
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