La fiscalía considera que el plan para la independencia incluía la violencia

Oriol Junqueras cumple este viernes un año en prisión. Si fructifican las penas que solicita para él la fiscalía, al exvicepresidente de la Generalitat le quedarían por cumplir otros 24. El escrito de acusación del ministerio púbico en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el procés sitúa a Junqueras a la cabeza de un plan urdido desde 2012 “para orillar la aplicación de la legalidad constitucional” con el objetivo de declarar la independencia de Cataluña. Para conseguirlo, los promotores acordaron utilizar “todos los medios que fueran necesarios”, incluido la violencia, asegura la fiscalía. Junto a Junqueras, para quien pide 25 años de cárcel y de inhabilitación, el ministerio público sitúa al frente del pulso al Estado a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al exlíder de la ANC, Jordi Sànchez, y al presidente de Òmnium, Jordi Cuixart. Los tres se enfrentan a una petición de 17 años de prisión y otros tantos de inhabilitación como “promotores o jefes” de la rebelión.

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El escrito de la fiscalía, de 127 páginas, detalla los pasos dados durante cinco años por los tres pilares en los que, según la acusación, se sostuvo el procés: la Generalitat de Cataluña (Govern y Parlament), las formaciones políticas independentistas (Junts pel Sí y CUP) y las entidades sociales soberanistas (ANC, Òmnium y Asociación de Municipios por la Independencia). La estrategia se llevó a cabo con un reparto de papeles entre ellos. El Govern se encargó de preparar las estructuras del futuro Estado catalán y la convocatoria de un referéndum independentista; el Parlament, de permitir la tramitación y facilitar la aprobación de resoluciones y leyes “abiertamente inconstitucionales”, y las asociaciones sociales de movilizar a la ciudadanía “como instrumento de presión” al Estado.

El ministerio público atribuye delitos de rebelión, malversación o desobediencia a 18 líderes de este plan. Faltan los siete que se fugaron, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, que no se sentarán en el banquillo en el juicio que el Supremo prevé celebrar a principios de 2019. Para los que se quedaron en España, la fiscalía pide penas que van desde los 25 años de cárcel de Junqueras a un año y cuatro meses de inhabilitación del diputado de En Comu-Podem Joan Josep Nuet. En total, las penas que solicita el ministerio público suman 177 años de prisión.

En el escrito, firmado por los cuatro fiscales del Supremo asignados a la causa contra el procés (la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno), cobran especial importancia las referencias a los episodios violentos que se produjeron en las últimas semanas del procés, ya que este uso de la violencia es el que define al delito de rebelión. El ministerio público culpa a los acusados de rebelión de una serie de  "graves incidentes" concentrados, sobre todo, en las movilizaciones frente a la Consejería de Economía durante un registro judicial los días 19 y 20 de septiembre y en la jornada de votación del referéndum del 1 de octubre. Pero los fiscales también responsabilizan a los líderes independentistas de exponer a la ciudadanía a una "elevadísima" probabilidad de que se produjeran "explosiones de violencia". No hubo graves daños personales, pero sí se puso en riesgo la integridad física de agentes y ciudadanos, sostiene la fiscalía.

En las primeras movilizaciones los fiscales hablan de "asedio" a la comitiva judicial y a la Guardia Civil por parte de hasta 60.000 manifestantes "cuya masa se agolpaba hasta empujar, y casi derribar" la puerta de entrada al edificio en un ambiente "crispado y hostil"; de "muchedumbre" que rodea los vehículos policiales, que terminaron "devastados y destrozados"; y de "lanzamiento de objetos" contra los agentes. El ministerio público considera que estos hechos fueron "conocidos, inducidos y consentidos" por Sànchez y Cuixart, como líderes de ANC y Òmnium, y  por los responsables políticos procesados.

Los incidentes se repitieron el 1 de octubre. Según los fiscales, no solo hubo "alteraciones tumultuarias y masivas de actos de resistencia y desorden", sino también "actos de violencia y agresión" contra los policías y guardias civiles que trataban de evitar la consulta independentista. El ministerio público culpa de ellos a todos los líderes secesionistas procesados que llamaron a participar en la consulta ilegal.  

Tras Junqueras, Forcadell, Sànchez y Cuixart, el ministerio sitúa en un segundo escalón de responsabilidad a los otros cinco exconsejeros que están en prisión preventiva por rebelión (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva, Dolors Bassa). Pese a que se les asigna un papel secundario en la rebelión, la fiscalía pide para ellos 16 años de cárcel porque considera que, como miembros del Govern, participaron en la malversación.

El ministerio público deja fuera de la rebelión a tres exconsejeros (Carles Mundó, Meritxell Borràs y Santi Vila), pero solicita para ellos una pena de siete años de cárcel por malversación y 16 de inhabilitación por un delito de desobediencia. Por último, cinco exmiembros de la Mesa de Parlament (Lluís Corominas, Lluís Guinó, Anna Simó, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya solo son acusados de desobediencia y no se enfrentan a penas de cárcel, pero sí de inhabilitación (un año y ocho meses para todos, menos para Nuet, al que solicitan un año y cuatro meses) y una multa de 10 euros diarios durante 10 meses (ocho en el caso de Nuet).

Los acusados, según la fiscalía, “dirigieron, promovieron y/o participaron activamente” en una estrategia “perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad autónoma de Cataluña como nuevo estado en forma de República”. Estuvieron “a punto” de lograrlo, advierte el ministerio público.

La fiscalía sitúa el inicio del próces en el 19 de diciembre de 2012, el día que se firmó el acuerdo entre Junqueras y Artur Mas que llevó a este a la presidencia de la Generalitat. Mas se ha quedado, sin embargo, fuera de la causa porque se retiró de la primera línea política antes de 2015, año en el que el ministerio público ubica los pasos principales dados por la Generalitat hacia la independencia unilateral. El delito de rebelión se cometió, pues, durante el Gobierno de Puigdemont y 13 de los acusados eran miembros de su Ejecutivo.