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LOS 'CASOS' DE INTERIOR

Un oficial implica ante Bueren a miembros de la Guardia Civil en el asesinato de Lasa y Zabala

José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala fueron asesinados por guardias civiles al mando de un oficial, según declaró ayer al juez Carlos Bueren la novia de Carlos José Marrero Sanabria, un agente destinado en Intxaurrondo (San Sebastián) y que se suicidó en 1988, tras resultar herido en un atentado de ETA. Según la mujer, días antes de quitarse la vida el guardia le confesó que había presenciado el doble asesinato. La implicación de guardias civiles en el doble crimen fue receonocida posteriormente por un capitán del instituto armado en la reserva. Este oficial, que estuvo destinado en Intxaurrondo cuando era teniente, según la cadena SER, fue interrogado como imputado por Bueren.

La mujer, cuya identidad se desconoce, ha declarado que su amigo le relató en diciembre de 1987, poco antes de quitarse la vida, que presenció el traslado de José Antonio Lasa y José Ignacio Zabala, en un automóvil Seat 600, a un descampado en el que vio cómo les disparaban ráfagas de metralleta que creyó dirigidas a las piernas.Luego, caídos en el suelo los ¿los presuntos miembros de ETA -que habían sido secuestrados en Bayona el 15 de octubre de 1983, en una acción que se considera un precedente inmediato de los GAL-, se escucharon gritos de súplica para que no les mataran. El oficial que se encontraba, al mando de la fuerza les remató de sendos tiros de pistola en la cabeza.

Sha embargo, los cadáveres de Lasa y Zabala no presentaban disparos en las piernas. Junto a las fosas donde en 1985 fueron hallados los cadáveres en cal viva, en el término municipal de Busot (Alicante), se encontraron dos balas. Esta circunstancia da a entender, según los expertos, que fueron asesinados allí mismo y no trasladados desde otro lugar en el que se les hubiera. dado muerte.

Suicidio en Las Palmas

El guardia civil con el que mantenía relaciones afectivas la testigo que ha llevado a Bueren a interrumpir sus vacaciones en Galicla y volver ayer a la Audiencia Nacional, Carlos José Marrero Sanabria, se quitó la vida en Las Palmas de Gran Canaria, de donde era natural, el 10 de enero de 1988.

Marrero sustrajo el arma a un compañero y se pegó un tiro. Junto al cuerpo se encontró una nota en la que pedía perdón. "La vida se me hace imposible", explicaba.

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El guardia civil había manifestado en ocasiones a compañeros del cuerpo su malestar por la forma de actuar en el cuartel de Intxaurrondo, según la testigo. El 28 de junio de 1986 sufrió heridas muy graves en un atentado con explosivos perpetrado por la organización terrorista ETA contra un con voy de la Guardia Civil entre Orio y Zarautz (Guipúzcoa), en el que murió un compañero.

Como consecuencia del atentado, Marrero sufría fuer tes depresiones y se encontraba de baja médica cuando se quitó la vida. Los médicos habían dado instrucciones para evitar que tuviera armas a su alcance. Para suicidarse, empleó la pistola que sustrajo a otro guardia destinado en Las Palmas y perteneciente al Cesid. Bueren también tomó declaración ayer, en sesiones de mañana y tarde, a un oficial que estuvo destinado, con el grado de teniente, en el acuartelamiento de Intxaurrondo, según la cadena SER. El juez tomó medidas de seguridad inhabituales en torno a su despacho.

El declarante, que compareció en calidad de imputado, según fuentes citadas por Efe, acudió a la sede de los juzgados centrales en un automóvil Opel Omega de color azul, cuya matrícula es "reservada", lo que signnifica que pertenece a algún cuerpo policial. Este oficial confirmó al juez, según la cadena SER, la existencia de una grabación que recoge momentos de los interrogatorios y torturas a los dos etarras.

El declarante no es Enrique Dorado Villalobos, según aseguraron ayer fuentes de la Guardia Civil. Dorado Villalobos, ex sargento del instituto armado expulsado después de haber sido condenado judicialmente por delitos comunes, está siendo presionado por la policía para que colabore en el esclarecimiento del caso Lasa- Zabala. El comisario general de Policía Judicial, Enrique de Federico, responsable de uno de los dos equipos encargados por el Ministerio de Justicia e Interior de la investigación del secuestro y el doble asesinato, se entrevistó hace pocos días con un contrabandista amigo de Dorado Villalobos.

De Federico pidió al contrabandista que convenza al sargento de que cuente al juez lo que sabe sobre el caso, según fuentes de la Guardia Civil, en la seguridad de que conoce lo sucedido.

El magistrado se 'blinda' en su despacho

El juez de la Audiencia Nacional Carlos Bueren imitó ayer a su colega Baltasar Garzón y se blindó en su despacho. Dos controles policiales sucesivos en la sexta planta de la Audiencia Nacional impedían el acceso hacia su oficina. Su secretaria, Soraya, anunciaba con gesto tajante que el juez no recibiría a nadie en todo el día e incluso negaba que estuviese tomando declaraciones sobre el caso Lasa-Zabala.Esta costumbre fue instituida por Garzón a raíz de la reapertura del caso GAL. El juez ordenó que la policía prohibiera el acceso a su juzgado e incluso a la sala que comunica con el mismo.

Además, para evitar que los periodistas puedan identificar a los testigos o implicados que van a declarar al juzgado, los policías cierran las puertas, que tienen un cristal esmerilado que apenas permite vislumbrar las siluetas.

La conducción de estas personas siempre se hace por un ascensor con acceso directo desde el garaje hasta la planta del despacho de Garzón y el pasillo se desaloja en estas ocasiones.

Bueren ya adoptó la medida cuando todavía tenía el despacho en la primera planta de la Audiencia e investigaba un importante caso de narcotráfico. Sin embargo, el magistrado no había vuelto a blindarse desde que se trasladó al sexto piso.

El dispositivo policial era ayer impresionante, y las dos personas que fueron interrogadas por el juez dieron esquinazo a los numerosos periodistas que esperaban repartidos por las tres salidas de la Audiencia Nacional.

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