A la banca se le atragantan los activos fiscales diferidos al cierre

El cierre del ejercicio 2016 se ha vuelto un quebradero de cabeza para las entidades financieras. A las provisiones de las cláusulas suelo, deben sumar nuevas aportaciones por la eliminación de la deducción de los activos fiscales diferidos con carácter retroactivo. Los bancos negocian contrarreloj que Hacienda mitigue el viernes su efecto limitando su retroactividad o estableciendo una cantidad máxima a pagar.

Un cierre de año mucho más complejo y negro de lo que la banca española preveía, y que no solo afecta a su cuenta de resultados, sino también a su solvencia y reputación. En un momento en el que el sector aún no ha terminado de digerir la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que reclama la devolución a los clientes del dinero con carácter retroactivo de las cláusulas suelo y que supone su total provisión ya en 2016, hay que sumar el impacto del real decreto-ley 3/2016 de medidas fiscales aprobado por el Gobierno el pasado 3 de diciembre.

Las entidades financieras están viendo como los beneficios del ejercicio que acaba de finalizar (y cuyas cuentas se cierran el 20 de enero) también han comenzado a menguar ante las significativas provisiones de última hora que debe realizar por estos cambios fiscales, que en el caso de los bancos afecta de gran manera a su contabilidad. Los conocidos internacionalmente por sus siglas en inglés DTAs (Deferred Tax Assets), ha sufrido una drástica modificación en su regulación al fijarse ahora un límite del 25% de la base imponible para las empresas, frente al 60% que estaba vigente para el ejercicio 2016 y al 70% a partir de 2017. Estos DTAs dejan ahora en gran parte de ser deducibles con carácter retroactivo de los últimos cuatro años (2013, año en el que se generó más activos fiscales diferidos por parte de la banca a causa de sus fuertes pérdidas, a 2016). Así, con efectos retroactivos Hacienda obliga a las entidades a recuperar la tributación supuestamente perdida por la deducibilidad de esos deterioros, con el argumento de que los deterioros deducidos se basaban en estimaciones animando a liquidar lo antes posible las participaciones con pérdidas que no presenten expectativas razonables de recuperación de valor.

Este hecho provoca un nuevo agujero en la cuenta de los bancos (aunque afecta a las empresas en general), ya que deben provisionar las desgravaciones que se han realizado hasta la fecha por sus DTAs, principalmente en sus participadas. Este impacto inesperado se extenderá también al ejercicio que acaba de comenzar, pero su efecto será diferente, ya que aún no ha tributado fiscalmente por sus DTAs de este año.

Los bancos llevan así semanas negociando con los auditores, CNMV y Hacienda principalmente. También lo han hecho con el Banco de España, pero esta institución considera que el interlocutor ante una posible rebaja en el impacto final corresponde al ministerio que dirige Cristobál Montoro, explican fuentes financieras.

Las entidades financieras negocian contrarreloj la búsqueda de una solución que mitigue el impacto inicial de esta medida fiscal de Montoro que recorta los beneficios de la banca. Las esperanzas del sector están puestas en el próximo viernes, día en el que esperan que el decreto de las cláusulas suelo o en otra norma se incluya alguna medida paliativa que suavice este efecto negativo, que no solo afecta a la banca, sino a todas las empresas con activos fiscales diferidos. “Si no es entonces, ya no servirá de nada porque ya hay que cerrar las cuentas de 2016”, explica un directivo financiero.

Fuentes financieras aseguran que las negociaciones entre la banca y Hacienda se centran en dos puntos principales: limitar la retroactividad, para que no afecte a toda la vida de los DTAs; o poner un límite a las cantidades a devolver por parte del banco. Las mismas fuentes aseguran que el cambio fiscal y contable de los DTAs pueden provocar pérdidas o reducción de los resultados en algunas entidades que influirán negativamente en su política de dividendos. De ahí, que la banca esté negociando con el tiempo en contra medidas paliativas. Hay que recordar que la banca durante los años de crisis generó un importante volumen de DTAs, que les ha servido, además para mejorar su solvencia. Aunque la agencia de calificación crediticia Moody´s ya criticó el peso de estos DTAs en los bancos españoles. Aseguró que al cierre de 2015 los activos fiscales diferidos suponían el 40% del capital de máxima calidad (CET1 en términos de la nueva regulación de Basilea).

La banca española sumaba en 2013 más de 40.000 millones de euros en activos fiscales diferidos. Son créditos fiscales procedentes de las fuertes provisiones realizadas en los años de la crisis para sanear la exposición inmobiliaria y las aportaciones a planes de pensiones, que se restan de los impuestos que pagará la banca en el futuro.